Reproducimos íntegramente el artículo publicado por AmecoPress.

México, 29 sep. 09. AmecoPress/SEMlac.

Una sola frase llevaban los carteles del colectivo Mujeres Socialistas que marchaban en la ciudad de México, este 28 de septiembre: “Libertad a presas por aborto”.

Las indagaciones del Centro las Libres del estado de Guanajuato, del Colectivo de Mujeres por la Democracia de Puebla y del Colectivo Feminista de Xalapa, Veracruz, indican que, desde hace 10 años, cuando empezó a gobernar el conservador partido Acción Nacional (PAN), las mujeres que se practican un aborto son amenazadas, denunciadas, perseguidas y encarceladas. Algo no visto antes en México.

Sólo en Guanajuato, 20 mujeres están presas, de ellas nueve sentenciadas a 35 años de cárcel y 11 experimentan procesos en prisión.

Manifestación a favor del aborto seguro.

Manifestación a favor del aborto seguro.

Las autoridades niegan que se las encarcele por haberse practicado abortos, ya que los juicios abiertos y las sentencias hablan de “homicidio en razón de parentesco”, sancionado con 35 años de prisión, lo cual “es una fórmula perversa y engañosa”, dijo Verónica Cruz, directora de Las Libres.

Si se enjuiciara por aborto, la mayoría de los Códigos Penales prevén sentencias no superiores a los tres años.

Cruz precisó que se documentaron 130 denuncias contra las mujeres promovidas por los médicos de la Secretaría de Salud, tras atenderlas por secuelas de interrupciones de embarazo en los hospitales oficiales de aquella entidad.

La persecución a quienes abortaron se da en un contexto preocupante y forma parte, según Elsa Conde, ex diputada y María Eugenia Romero, de la iniciativa Derecho a Decidir, porque se ha instaurado una política de Estado que busca la prohibición total de esa práctica.

El contexto

Desde hace 11 meses, los legisladores de la fuerza política gobernante y el antiguo partido de Estado, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), han modificado las constituciones de 16 entidades de la República, dando al cigoto capacidad jurídica, al declarar el derecho a la vida desde la concepción, en una clara búsqueda para terminar con el aborto legal en México, establecido con diversas excepciones desde 1929.

Lo que parecía una estrategia electoral del PAN y el PRI —este último buscando regresar al poder—, pues durante 2008 sólo modificaron las constituciones en dos estados, se convirtió en cascada desde el pasado febrero, cuando se modificó la Constitución local en otro estado y en ocho más, entre marzo y mayo.

El asunto continuó en tres estados más después de las últimas elecciones y existen iniciativas similares por lo menos en otros dos. En Oaxaca, donde protestaron las feministas, incluso se llegó a los golpes y las amenazas de encarcelamiento contra las integrantes de diversas ONG.

Las acciones de resistencia a estas modificaciones han sido sistemáticas. Los colectivos feministas, las clínicas de salud dirigidas por mujeres, intelectuales y líderes de opinión se han opuesto y se ha levantado una reacción en cadena contra estas medidas, puesto que ya se pretende impedir la anticoncepción de emergencia, el uso de anticonceptivos y todo lo que garantice los derechos sexuales y reproductivos.

Sin embargo, según dijo el jueves 25 de septiembre en un foro del Colegio de México, el escritor Carlos Monsivais, se está violando el Estado Laico y la izquierda oficial no ha estado a la altura de las circunstancias. Ello evidencia, dijo María Eugenia Romero a SEMlac, que se trata de conseguir una modificación constitucional federal.

Para el colectivo de Mujeres Socialistas, ese es el retroceso más grande que se haya operado en México desde los años cuarenta, cuando se fortalecieron las excepciones y se constituyó una tradición despenalizadora del aborto, con hasta ocho excepciones en los diversos códigos penales.

Solamente en el caso de violación y peligro de vida de la madre, el aborto fue legal durante décadas. Y de acuerdo con la investigación detallada de hace tres lustros, realizada por la feminista Lucero González, no había en el país una sola mujer en la cárcel por haberse interrumpido un embarazo.

Los hechos

La Procuraduría General de Justicia del estado de Guanajuato negó el encarcelamiento de mujeres que abortaron, al señalar que fueron sentenciadas por “homicidio en razón de parentesco”, delito que se castiga hasta con 35 años de prisión. “Quien emite la sentencia es el juez”, dijo el titular de la dependencia, Carlos Zamarripa Aguirre.

No obstante, existen pruebas de que durante ocho años personal de la Secretaría de Salud de Guanajuato denunció, ante el Ministerio Público, a 130 mujeres que abortaron, lo que habla de muchas en peligro, indicó la directora del Centro Las Libres, Verónica Cruz Sánchez.

Cruz agregó que ello se constata en un libro publicado por la misma Procuraduría, “Algunas consideraciones al suicidio y formas de violencia intrafamiliar”, que recoge testimonios de internas (mujeres en la cárcel) que se practicaron legrados y fueron sentenciadas por “homicidio en razón de parentesco”.

Juristas consultados dijeron que si las reclusas fueron sentenciadas antes del 26 de mayo pasado, cuando se publicó la reforma al artículo primero de la Constitución local, que garantiza “el derecho a la vida desde la concepción”, se cometió una “flagrante violación” a la ley, ya que no existía base jurídica. Si fueron a la cárcel después, se incumplieron normas federales “por un mero criterio ideológico”.

El Código Penal de Guanajuato sanciona la interrupción del embarazo hasta con tres años de prisión y una multa que puede llegar a 30 días de salario mínimo. Allí, el aborto derivado de una violación no se castiga, según el artículo 163 del mencionado Código Penal, y el castigo con prisión se aplica a la mujer que se lo practique en circunstancias distintas a las previstas por la ley, según el numeral 159.

En contraste con las denuncias, la Secretaría de Salud no ha practicado un solo aborto legal a las víctimas de violación, pese a estar obligada por la norma oficial mexicana 046, aun cuando el artículo 163 del Código Penal define tales casos como no punibles.

En Puebla, el 17 de agosto, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) inició un proceso penal contra Alejandra Gómez Sánchez. Se trata de una joven de 20 años que abortó.

Según Mujeres en Lucha por la Democracia (MLD), este es el primer proceso después de que el Congreso del Estado aprobó, en marzo, reformas a la Constitución estatal para endurecer las penas a la interrupción voluntaria del embarazo.

Ese 17 de agosto Alejandra ingresó al hospital de la Cruz Roja de la capital poblana con un severo sangrado, tras haber abortado un feto de 14 semanas de gestación, detalló Leónidas Cuapio Montero, subdirector de la institución.

Cuando los médicos se dieron cuenta de que la hemorragia se debía a un aborto provocado, se dio aviso a José Ávila García, responsable de homicidios de la PGJ.

Alejandra fue dada de alta 24 horas más tarde, después de que le realizaron una limpieza uterina y le controlaron el sangrado. Según Cuapio Montero, cada año se atienden entre cuatro y cinco casos similares, lo que hace suponer a las organizaciones no gubernamentales feministas que podría haber otras mujeres procesadas.

Las autoridades, igual que en Guanajuato, afirman que no es verdad, a pesar de la averiguación abierta con el número 61/2009/EH.

Las consecuencias

Ante los hechos y las contradicciones a esta política de Estado, se han realizado más de 2.500 amparos contra las modificaciones constitucionales locales y se busca declarar la inconstitucionalidad, explicó el conocido como Grupo de las Cinco, donde participan Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), promotores del aborto legal.

Al respecto, la fundadora de GIRE, la feminista Marta Lamas, comentó a SEMlac que el proceso de los conservadores se revertirá y afirmó que después de un largo letargo, los grupos de mujeres en todo el país se han movilizado y están en plena organización.

Para María Eugenia Romero, las mujeres han entrado en una etapa de resistencia, porque a estas reformas por nulificar el derecho humano femenino a interrumpir un embarazo, se suman leyes de la familia en varias entidades, como en Puebla, omisión en los casos de violencia feminicida y la ofensiva sobre los progresos de las mujeres en otras muchas aristas de la vida social y política de México.

Este retroceso, informaron las consultadas, ha convocado algunas acciones de denuncia y se llevarán los casos a los tribunales internacionales, porque violentan las convenciones y los acuerdos internacionales que garantizan los derechos sexuales y reproductivos.

Igualmente, el Colectivo de Mujeres Socialistas llamó a un Foro Nacional que dé respuesta política a estas acciones gubernamentales contra las mujeres, donde se esperan representaciones de 15 entidades del país.

Mientras tanto, este 28 de septiembre, Día Latinoamericano por la Despenalización del Aborto, habrá marchas, manifestaciones y mítines en las principales capitales del país.

Y se ha recibido con esperanza el anuncio de Amnistía Internacional de una campaña latinoamericana con el tema del aborto, tras advertir que la ciencia no es respetada, se abusa de la ley, no hay acciones confiables de los gobiernos y se percibe un deterioro del derecho a la salud.

Con estas leyes, dice Amnistía, a niñas o mujeres con alguna complicación durante el embarazo a causa de una violación o por incesto se les amenaza de ser castigadas con cárcel.