Cuando Madeline, de 12 años, salió de la escuela rumbo a su casa vestida con uniforme escolar y aceptó subirse al taxi del vecino que ofreció amablemente llevarla, no imaginó cómo acabaría ese día. A esa edad la muerte parece lejana y en su localidad, ubicada en la región de Los Ríos, al sur de Chile, los días son tranquilos.

 

 

La nueva ley de feminicidio no contempla casos en los que el autor no tenga una relación con la víctima de esposo, exesposo, conviviente o exconviviente; dejando fuera los noviazgos, familiares, conocidos, o desconocidos.

Al día siguiente el cuerpo de Madeline Pichuhuinca se encontró en una quebrada a 15 metros de profundidad y con signos de haber sido violada. Los informes dicen que agonizó por más de una hora antes de morir.

A pesar de que todo da cuenta de un asesinato, cuya única razón es haber nacido mujer en una sociedad machista y violenta contra las mujeres, el asesinato de Madeline no fue contemplado dentro de las leyes chilenas como feminicidio.

Por un lado, la nueva ley de feminicidio no contempla casos en los que el autor no tenga una relación con la víctima de esposo, exesposo, conviviente o exconviviente; dejando fuera los noviazgos, familiares, conocidos, o desconocidos, que durante el 2011 representaron un 20 por ciento de los autores del total de feminicidios en Chile.

Con estas excusas, las cifras oficiales de feminicidios ocultan historias donde, evidentemente, se cumplen todas las características de crímenes perpetrados a mujeres por su sola condición de tales, como la muerte de Madeline.

No es el único caso: Tamara Lepe, de 21 años y embarazada de ocho meses, fue asesinada a golpes por su expololo (exnovio). Para la justicia, su muerte fue procesada como homicidio y aborto, no como un feminicidio.

Las cifras

En lo que va del año, 38 mujeres en Chile han sido víctimas de feminicidio, de las cuales un 18 por ciento había interpuesto medidas cautelares que no fueron suficiente protección para ellas.

“Cada vez es mayor el número de mujeres que denuncia a su marido o conviviente, como lo demuestran las más de 120.000 denuncias efectuadas en el último año. Sin embargo, las mujeres que denuncian no siempre reciben una protección efectiva”, denunció a SEMlac Soledad Rojas, de la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual, organización que convocó a una movilización nacional en contra de este flagelo el 25 de noviembre.

El estudio “Radiografía del Femicidio en Chile, Desafíos y Brechas”, de la ONG Activa, publicado en noviembre, señaló que las denuncias han aumentado un 11 por ciento y que, por cada víctima que denuncia, hay dos que no lo hacen.

La investigación, realizada con estadísticas de 2009, 2010 y 2011, develó que en la mayoría de los casos el agresor es conviviente o esposo de la víctima y que la agresión se produce al interior de la vivienda en un 47 por ciento.

El mismo documento indica que en el 58 por ciento de los feminicidios los victimarios aluden a los “celos” como fundamento para cometer el crimen, seguido de la “venganza”, con un 22 por ciento, todo lo cual habla del sentido de propiedad del agresor frente a la víctima.

El trabajo también reveló un aumento en el nivel de agresividad de los victimarios, puesto que antes se concretaban en su mayoría en golpes y hoy las armas de fuego y blancas concentran el 63 por ciento de los feminicidios.

Sobre la gravedad y magnitud de la violencia contra las mujeres en Chile, la Primera Encuesta Nacional de Victimización por Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior arrojó que la mayor de las prevalencias es la violencia sicológica con un 37 por ciento, seguida de la física grave con casi un 25, la violencia sexual con casi el 16 y la violencia física menos grave con un 15.

Según un estudio realizado por SERNAM-DOMOS en el 2010, que buscaba cuantificar los costos económicos de la Violencia Intrafamiliar (VIF) -costos directos, indirectos e intangibles- los organismos estatales gastan 64.000 dólares en VIF (75 % para atención, 11 % para prevención, 8 % para protección y 6 % para sanción).

Por su parte, las ONG que fueron reportadas en este estudio y que representan aproximadamente el 18 por ciento de las que operan en el país, gastan 1.726 dólares en VIF (65% para atención, 29% para prevención, 5% para investigación y 1% para reparación).

Procedencia de la información:
Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe (SEMlac)
Chile: Violencia contra las mujeres: cuando la institucionalidad no alcanza