México: Justicia de segunda clase para una mujer indígena

Esta acción ha finalizado con buenas noticias. Amnistía Internacional celebra la liberación de la presa de conciencia Jacinta Francisco Marcial y hace un llamado para que se revise completamente su proceso y para que reciba compensación por los tres años de prisión injusta y equivocada.

Jacinta Francisco Marcial

Jacinta Francisco Marcial

Jacinta Francisco Marcial fue liberada por el juez que presidía el nuevo juicio tras una apelación que ganó a principios de 2009. La decisión del juez era inevitable después de que la Procuraduría General de la República anunció que dejaría el caso contra Jacinta por falta de evidencia. En vista de las graves preocupaciones sobre la investigación y proceso originales, Amnistía Internacional llama a una revisión completa e imparcial de la investigación sobre los sucesos ocurridos el 26 de marzo de 2006 en Santiago Mexquititlán, Querétaro, incluido el caso contra las otras acusadas, Alberta Alcántara y Teresa Gonzales, quienes, junto con Jacinta, también fueron condenadas por el secuestro de seis agentes federales y esperan un nuevo veredicto tras el nuevo juicio.

¡Gracias a todas las personas que habéis participado en esta acción!

RELATO DE SU DETENCION E INGRESO EN PRISION

La pesadilla de esta mujer empezó el 26 de marzo de 2006, cuando entraron en el mercado central de Santiago Mexquititlán seis agentes de la Agencia Federal de Investigaciones vestidos de civil, que decían estar realizando una operación de búsqueda de drogas y DVD “pirata”. En medio de la tensión, los agentes intentaron confiscar productos del mercado, y los vendedores les pincharon los neumáticos de algunos de sus vehículos. La protesta acabó el mismo día con la indemnización a los vendedores por los daños causados a sus mercancías; sin embargo, esa misma noche los seis agentes presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República, alegando que las personas participantes en la protesta los habían tenido secuestrados varias horas.

Más de cuatro meses después del incidente, Jacinta fue detenida. En ese momento, le dijeron que iban a hacerle unas preguntas sobre un árbol cortado. Jacinta hablaba poco español y no entendía lo que ocurría. La única prueba que había contra ella era una fotografía publicada en el periódico local en la que se la veía pasando detrás de un grupo de gente que estaba protestando. Numerosas personas han testificado que Jacinta no participó en las manifestaciones. Ese día se la vio asistiendo a misa, vendiendo helados y acudiendo a la farmacia para ponerse una inyección. Durante el juicio no se pidió a los agentes que comparecieran para demostrar su denuncia o reconocer a Jacinta. Tampoco le fue respetado su derecho a contar con un intérprete y el abogado defensor designado por el Estado nunca llegó a hablar con ella para explicarle su derecho a la defensa.

Jacinta, indígena otomí de 46 años, tiene seis hijos y se ganaba la vida vendiendo helados y refrescos con su esposo en un puesto del mercado de la plaza central de Santiago Mexquititlan.