La Sala Primera anula una sentencia del 2008 que obligaba a la Caja Costarricense del Seguro Social a evaluar el método, informa el diario Nacion.com de 19 de Agosto de 2009.

Una mujer, Iliana Henchoz, ganó en octubre de 2008 un juicio en el Tribunal Contencioso Administrativo por el qual exigía que se le practicara la fecundación in vitro para quedar embarazada.

Reproducción asistida.

Reproducción asistida.

“En ese primer fallo, los jueces obligaron a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) a diagnosticar la posibilidad de ofrecer la fertilización in vitro para producir un embarazo, siempre que se fecundara únicamente un óvulo –y no varios– a fin de no atentar contra el derecho a la vida.”

La Caja apeló la sentencia, porque en el 2000 se prohibió este procedimiento. Había, pues, dos sentencias que parecían contradictorias. En esta fecha “la Sala Constitucional prohibió la fecundación in vitro al estimar que esta técnica viola el derecho a la vida y la dignidad del ser humano porque, en el proceso, se puede producir una ‘elevada pérdida de embriones’. En aquel momento, los magistrados estimaron que “el embrión humano es persona desde el momento de la concepción”.

“La prohibición se extendió tanto para instituciones públicas como privadas, luego de que este método de reproducción asistida fuese practicado en el país desde 1994.”

Los magistrados de la Sala Primera del Tribunal de Casación derogaron las disposiciones del Contencioso que permitían a la Caja Costarricense el implante del óvulo. Mediante esta sentencia, pues,  la Caja ya no está obligada a practicar la fecundación in vitro. “Anabelle León Feoli, magistrada de la Sala Primera, explicó que dicha decisión fue tomada porque la persona que demandó a la CCSS expuso que ya no tiene interés en recibir el tratamiento debido a su edad (49 años).”

De este modo, la Sala Primera se ha visto legitimada para no entrar a fondo en un tema  que afecta a muchas mujeres costarricenses, las cuales, sin la reproducción asistida, no pueden quedar embarazadas.

“Cualquier otra persona que desee el tratamiento tendrá que iniciar un nuevo proceso judicial, dijo León.”