Aumentan los casos de personas que ocupan casas cerradas, como las madres del Titánic.

La asociación de vecinos denuncia el estado de abandono de Estancia Barrena.

La asociación de vecinos denuncia el estado de abandono de Estancia Barrena.

Transcripción de la noticia publicada por el digital Andalucía Información con fecha 26 de abril de 2010.

Marina Álvarez Ortiz

Después de que este medio sacara a la luz pública en su edición del viernes pasado la situación por la que atraviesan varias madres solteras de la zona sur, a las que no les ha quedado otro remedio que ocupar casas que estaban vacías “para darles a nuestros hijos un techo donde poder dormir después de pasarlo muy mal viviendo en la calle”, desde el Ayuntamiento se recordaba ayer que esta práctica es “completamente ilegal y que quien se mete a ocupar una casa se mete en un lío jurídico gordo”, tras tener constancia de que los casos de ocupación de viviendas de forma ilícita van en aumento, sobre todo en la zona sur.

Éstas eran las palabras del propio delegado de Viviendas e Infraestructuras, Antonio Fernández Ortega, quien destacó que en la actualidad su Departamento está estudiando la “situación jurídica en las que se encuentran las viviendas ocupadas tanto en El Titánic como en La Constitución, porque no vemos bien que existan casas cerradas mientras haya necesidad”.

Eso sí, el delegado matizó que existen unos procedimientos y listas de espera para la adquisición de una de estas viviendas de integración social, y que son los propios jueces quienes dictan los criterios de baremación para acceder a una de estas construcciones, por lo que “nadie debe tomarse la justicia por su cuenta”.

De hecho, Fernández Ortega informó de que las viviendas de integración social en Jerez, entre las de propiedad municipal y las de la Junta de Andalucía, hacen un montante de cerca de cinco mil hogares, repartidos, entre otras zonas, por El Mopu, La Serrana, San Joaquín o Estancia Barrera. Asimismo, llama la atención que los inquilinos a los que le son asignadas estas casas, cuyos salarios no pueden superar unos máximos, “pagan cuotas mensuales de entre 40 y 75 euros, un hecho que ha llevado a muchos jóvenes a tratar de conseguir una de estas viviendas para emanciparse, bien por vía legal, o bien a la fuerza, pensando, equivocadamente, que así se la darán antes”.

Calendula
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